EDUARDO COLOM / Palma, El MUNDO
Les atribuye «el pago a afiliados y afines con dinero público» Añade
que «obviaron los conductos reglamentarios» para colocarlos sin
trabajar en empresas públicas en la campaña
La Policía acusa a la práctica totalidad de la cúpula de Unió
Mallorquina (UM) que presidía Maria Antònia Munar de urdir una trama
de financiación ilegal de su campaña en las pasadas elecciones
autonómicas y municipales. El Grupo de Delincuencia Económica de la
Policía Nacional ha entregado al juez que instruye la denominada
Operación Maquillaje, en la que la ex presidenta del Parlamento balear
y ex socia de gobierno del PSOE se encuentra imputada y en libertad
bajo fianza de 350.000 euros, su informe definitivo sobre la
colocación masiva de activistas del partido en empresas contratistas
del Consell de Mallorca así como en instituciones públicas donde
coparon puestos de trabajo saltándose las listas de espera y
percibiendo salarios por trabajar exclusivamente para el partido.
En esta trama, desvelada por EL MUNDO/El Día de Baleares a principios
de este año, el juez Juan Ignacio Lope Sola y la Fiscalía
Anticorrupción advierten ya la comisión de los delitos de malversación
de caudales públicos, falsedad documental y delito electoral. Entre
las empresas que se emplearon para financiar irregularmente a UM se
encuentra en un lugar destacado la productora audiovisual Video-U.
Esta sociedad fue adquirida, tal y como confesó el delfín de Munar
ante el juez, con 300.000 euros en efectivo que ésta le entregó en el
coche oficial y a la que posteriormente regaron con más de cinco
millones de euros públicos de la institución insular que gobernaban
para ocuparse de llenar de contenidos la televisión pública que UM
creó con el pretexto de reforzar la identidad mallorquina y la lengua
catalana.
Con cargo al erario público se sufragó la captación de votos,
especialmente entre la comunidad latinoamericana; el montaje integral
de los mítines del partido; el reclutamiento de público para «hacer
bulto» en los actos electorales; la realización de sondeos de
intención de voto; la distribución de la propaganda electoral y la
elaboración de vídeos de los principales candidatos. En cuanto a los
responsables de esta operativa delictiva, la Policía Judicial apunta
directamente a Nadal, que durante esta legislatura ha sido conseller
de Turismo de Baleares y presidente de UM; al también ex presidente de
la formación Miquel Ángel Flaquer; al hasta hace varias semanas
director general de la televisión autonómica IB3, Antoni Martorell; al
ex secretario general de UM Damià Nicolau; al ex conseller de Deportes
del Govern que preside el socialista Francesc Antich, Mateu Cañellas;
al también ex conseller de Turismo del Ejecutivo del PSOE Miquel
Ferrer; al ex director general de Calidad Ambiental de Antich, Josep
Lliteres; y a la ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma que
gobierna el PSOE, Cristina Cerdó.
De esta manera ya no queda un solo alto cargo importante de la era
Munar que no se encuentre implicado en los procesos judiciales que
asolan a la formación política que se ha convertido en la más corrupta
de la historia de la democracia.
La Policía Judicial concluye que todos ellos participaron en la red de
financiación ilegal. «El objetivo principal» de UM -subraya su
informe- pasaba «por obtener buenos resultados y un buen
funcionamiento del partido». Para ello, «los medios usados fueron dos:
obtener personal y financiación para el partido evitando éste abonar
las colaboraciones».«El modo de obtención de los medios», abundan los
investigadores, «ha sido captar a simpatizantes o usar a los afines o
afiliados y pagarles los servicios con dinero público». En cuanto a
las vías de financiación ilegal, la Policía Judicial, señala tres.
Las vías de financiación
La primera y más grave radica en «otorgar a empresas privadas dinero
público para que parte de ese dinero revierta en el partido, a través
de las nóminas a cobrar por los afines al partido a cambio de cobrar
sus servicios». Según la investigación, se imponía a los contratistas
la colocación de trabajadores del partido como condición para poder
seguir contratando. Como han admitido la treintena de empleados
fantasma que ha interrogada por la Policía, cobraban sin trabajar. «El
motivo de contratar a dichas personas aparentemente no ha sido su
valía profesional, sino al parecer dicho motivo era por estar
dispuestos a trabajar para el partido, en unas ocasiones con
dedicación exclusiva, otras para obtener un horario laboral que
permitiese una mayor dedicación a UM». La segunda fórmula estriba en
«otorgar otros trabajos en instituciones públicas sufragadas con
dinero público, obviando los conductos reglamentarios de contratación
o pagar las nóminas a través de empresas privadas receptoras de dinero
público». Como prueba, la Policía destaca que «ninguno de los
declarantes que dicen haber trabajado para y en el Consell sufrió
ningún proceso de selección por parte de los encargados de recursos
humanos al servicio de la Corporación». Y, por último, apunta a que se
otorgaron «cargos de confianza en diversas instituciones públicas
receptoras de caudales públicos» que los políticos controlaban».
Entre las principales empresas involucradas se encuentran, tal y como
ha podido acreditar la Policía Judicial, además de Video-U y de Ammbit
Digital, relacionada directamente con la primera, la empresa de
informática Minser, a la que la Fiscalía Anticorrupción acusa en la
Operación Voltor de haberse beneficiado de concursos amañados por los
líderes de UM y de haber pagado comisiones al ex conseller de Turismo
de UM Francesc Buils.
Además, participaron la entidad Solucions Creatives de Mallorca, del
íntimo amigo de Nadal José Antonio Arnau; la empresa Actua
Desenvolupament, administrada por Antonio Moreno y Nieves Lliteras,
también receptora de contratos públicos de UM; y la entidad H20 Oci
Educatiu, gestionada por Guillen Cladera, Rocío Baquero y Bartolomé
Márquez. Asimismo sitúa en la trama a organismos públicos controlados
por el partido como el Consorcio de Informática Local de Mallorca
(CILMA); el Consorcio Escuela Balear del Deporte (EBE), dependiente de
la Conselleria de Deportes; o el Gola, integrado en Medio Ambiente.
