lunes, 24 de septiembre de 2012

Sonia pide en vano enseñanza en castellano para sus hijos en Inca

La inmersión lingüística es ilegal

Sonia Palma muestra la documentación sobre las trabas en el proceso. | C. Forteza

  • El Govern del PP da la razón al colegio
  • El centro se la niega pese a la recomendación del logopeda
  • Sus gemelos tienen retraso en el lenguaje
El día que Sonia Palma eligió el castellano como idioma vehicular para la enseñanza de sus hijos comenzó su particular odisea. El director del colegio la citó en su despacho para decirle que se sentía «traicionado» y los profesores la tildaron de «radical». Le metieron el miedo en el cuerpo con la cantinela de que sus niños estudiarían solos en un aula y no tendrían amigos. Sonia no cejó en el empeño. Desoyó las coacciones y siguió adelante creyendo que la ley la amparaba. Cuatro meses después, duda de que tanto sufrimiento haya merecido la pena.
La semana pasada le confirmaron en una reunión que sus hijos sólo darían 6 horas en castellano; el catalán seguiría imperando en las aulas. Levantó la mano para protestar y preguntó por qué se saltaban a la torera la reciente orden de mayo de 2012, que reconoce a los padres la libre elección de lengua. Le contestaron que se acogían a una norma anterior.
La ley a la que el director se refirió es una orden de 2004 aprobada por el ex conseller popular de Educación, Francesc Fiol. Ésta deja en manos de los centros educativos el número de horas que impartirán en la lengua elegida si ésta es distinta al proyecto lingüístico del centro. El colegio público Ponent de Inca, como todos en Baleares, impone el catalán como lengua vehicular, por eso los padres que eligen castellano sólo pueden optar a este determinado número de horas: un mínimo de 6 y un máximo de 16. Curiosamente, los centros optan por aplicar los mínimos.
«Lo que yo pedí no es lo que ahora me quieren dar», critica Palma en alusión al compromiso electoral del PP en las pasadas elecciones cuando el Gobierno de José Ramón Bauzá prometió que garantizaría este derecho y que derogaría las normas populares que relegan al castellano únicamente a la hora de Lengua Castellana. Una «tomadura de pelo», insiste.